Impago de pensiones

El impago pensiones de aimentos es el incumplimiento de la obligación de pagar la pensión fijada judicialmente, constituyendo un delito de abandono de familia si se acumulan dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, y puede llevar a penas de prisión o multa, además de ejecuciones forzosas como el embargo de bienes, y la inclusión en registros de deudores alimentarios. Para reclamar, se inicia un procedimiento civil de ejecución forzosa (embargo) o, si hay voluntad de no pagar, una vía penal por el artículo 227 del Código Penal, que exige el impago intencionado y reiterado.

Vías de reclamación

Vía Civil (Ejecución Forzosa):
- Objetivo: Cobrar las cantidades adeudadas y asegurar los pagos futuros.
- Procedimiento: Se solicita al juzgado que embargue bienes, cuentas bancarias o salarios del deudor para cubrir la deuda. Es la vía más común para asegurar el cobro.
Vía Penal (Delito de Abandono de Familia):
- Requisito: El impago debe ser voluntario y reiterado (2 meses seguidos o 4 no seguidos) y el obligado debe tener capacidad económica para pagar.
- Consecuencias: Prisión (3 meses a 1 año) o multa (6 a 24 meses), además de la obligación de pagar lo adeudado.
- Importante: Si existe una imposibilidad económica real, no hay delito penal; en ese caso, se debe buscar una modificación de medidas, no una condena penal.

Consecuencias adicionales

Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias: El impago puede llevar a la inclusión en este registro, con restricciones para obtener pasaporte o ciertos empleos públicos.
Acreditación: Es necesario un pronunciamiento judicial previo que acredite el impago para poder justificarlo ante otros organismos, como el SEPE para prestaciones de desempleo.

¿Qué hacer?

Demuestra el impago: Guarda pruebas de las mensualidades no pagadas.
Interpón una demanda civil: Para iniciar el embargo de bienes.
Denuncia penal (si aplica): Si el impago es intencionado y tienes pruebas de que el deudor tiene medios para pagar pero no lo hace.
Considera la vía civil primero: Es la forma más directa de asegurar el cobro de la pensión.

¿Cómo se determina el importe de la pensión de alimentos?

La pensión de alimentos es una obligación legal, recogida en el artículo 142 del Código Civil. En la sentencia de divorcio, de medidas de hijos o en el convenio de mutuo acuerdo, es preceptivo establecer una cantidad en concepto de pensión de alimentos para los hijos que abonará el progenitor que no ejerza la custodia de los menores.

Esta pensión de alimentos debe ser proporcional al caudal de quien los paga (el padre) y las necesidades de quien la recibe (el hijo). Esta proporcionalidad es el criterio judicial para establecer la pensión de alimentos.

Cuánto gana y qué gastos tiene el progenitor.
Cuánto necesita el hijo para mantener un nivel de vida similar al que tenía antes de la separación de sus padres.

Hay situaciones que se presentan de manera imprevisible que impiden hacer frente a la pensión de alimentos en la cuantía que se había determinado en la sentencia o en el convenio regulador.

¿Cómo reducir la pensión de alimentos?

No hay motivos para no pagar la pensión alimenticia que sean válidos legalmente.

En caso de que se hayan reducido los ingresos del progenitor que deba abonarla, podrá solicitar una modificación de medidas para reducir su cuantía. Pero no puede dejar de pagarla sin más. Incluso es supuestos de desempleo y de falta absoluta de ingresos, si no se abona la pensión alimenticia se acumulará una deuda que podrá reclamarse por el otro progenitor que ejerza la custodia de los hijos.

Pensemos que incluso en supuestos extremos de ausencia de ingresos, como ocurre cuando el obligado al pago ingresa en prisión, el pago de la pensión de alimentos persiste.

En la demanda de modificación de medidas, se tiene que acreditar que en la situación actual se han visto sustancialmente reducidos los ingresos y que no puede hacerse frente a la pensión de alimentos en la cuantía que se había establecido en la sentencia o en el convenio de mutuo acuerdo.